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Régimen de los Servicios de Prestación de Seguridad Privada de Seguridad, Vigilancia e Investigaciones de la Provincia de Catamarca

CAPITULO PRIMERO Principios, objeto y ámbito de aplicación

ARTíCULO 1º: Las actividades de las personas jurídicas prestadoras de servicios de seguridad privada, que se desarrollan en el territorio de la Provincia, en los términos regulados por esta Ley, serán consideradas complementarias y subordinadas a las que realiza el Estado Provincial, y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública, conforme a los principios establecidos en la ley general sobre esa materia.

ARTíCULO 2º: Los miembros de las agencias de seguridad privada actuarán conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Su accionar deberá adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas, así como también al principio de gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas.

ARTíCULO 3º: Los prestadores de servicios de seguridad privada tienen el deber de cooperar y asistir a las autoridades policiales u organismos de persecución penal en relación con las personas o bienes cuya vigilancia, custodia o protección se encuentran a su cargo. Asimismo, deberán comunicar en forma inmediata a la autoridad policial toda situación que implique algún riesgo para la integridad física de cualquier persona o para sus bienes.

ARTíCULO 4º: En situación de catástrofe o emergencia en los términos de las leyes respectivas, los prestadores de servicios de seguridad privada deberán poner a disposición de la autoridad pública todos los recursos humanos y materiales disponibles. En tal caso actuarán bajo las órdenes y responsabilidad de la autoridad pública.

ARTíCULO 5º: Los prestadores de servicios de seguridad privada deberán prestar colaboración y asistencia a requerimiento de la fuerza de seguridad pública, siendo éstas las responsables de coordinar tal cooperación, debiendo en todos los casos justificarlo.

ARTíCULO 6º: Los prestadores de servicios de seguridad privada tendrán la obligación de denunciar a la autoridad competente los delitos de acción pública de que tuvieran conocimiento en ocasión de la prestación de los servicios. Asimismo tendrán la obligación de comunicar, a las comisarías todo objetivo a cumplir en jurisdicción de las mismas consignando en la misma los siguientes datos: Domicilio exacto donde ha de cumplirse el objetivo. Nombre o razón social del comitente. Nombre de la empresa de seguridad. Cantidad de vigiladores que habrán de utilizarse, turnos a realizar y apellido y nombres completos de los mismos. En el caso de utilización de vehículos consignar marca, modelo y chapa patente.

ARTíCULO 7º: Queda expresamente prohibido para los prestadores de los servicios enumerados en el artículo siguiente, el uso de cualquier tipo de armas. Las habilitaciones que en virtud de la presente Ley conceda la Autoridad de Aplicación a las personas citadas en el Artículo siguiente y a sus dependientes, serán otorgadas con la mención expresa: “Sin autorización para el uso de armas”

ARTíCULO 8º: Se regirán por las disposiciones de la presente Ley los servicios de: vigilancia directa e indirecta, investigaciones, custodia de personas y de bienes muebles, seguridad interna en establecimientos industriales y comerciales, en bienes inmuebles públicos y privados, en espectáculos públicos y otros eventos o reuniones análogas, que fueren prestados por personas físicas o jurídicas privadas.

ARTíCULO 9º: La vigilancia directa comprende la tarea de custodia de personas y cosas prestadas en ámbitos cerrados o abiertos, reuniones públicas o privadas, espectáculos, inmuebles públicos o privados, sede de establecimientos comerciales e industriales, de instituciones, custodia en locales bailables, bares, restaurantes y todo otro lugar destinado a la recreación.

ARTíCULO 10º: La vigilancia indirecta comprende la tarea de custodia llevada a cabo a través del monitoreo y registro de medios electrónicos, ópticos, electro-óptico y centrales telefónicas. Asimismo, la comercialización, instalación y mantenimiento de equipos, dispositivos y sistemas aptos para la vigilancia de personas, bienes y de la ocurrencia de todo tipo de siniestro.

ARTíCULO 11º: Las investigaciones privadas, es la actividad tendiente a obtener evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecución penal en el ámbito de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean contratados en virtud de interés legítimo en el proceso penal.

ARTíCULO 12º: La vigilancia directa o indirecta tiene como objetivo bienes individuales, conjunto de bienes, personas o conjunto de personas, prestadas en el ámbito espacial o domiciliario ocupado por aquellos, la que puede extenderse a áreas concesionadas, anexas o distantes del domicilio principal, a petición fundamentada, lo que en cada caso será autorizado por la Autoridad de Aplicación. Para todo objetivo de vigilancia directa los prestadores deberán contar con la constancia de alta de objetivo, expedida por la Autoridad de Aplicación, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos por ésta y al pago de la tasa administrativa correspondiente. Los prestadores deberán comunicar a la Autoridad de Aplicación el alta de los objetivos y el cese de los servicios prestados en dichos objetivos, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de producido.

ARTíCULO 13º: Las personas prestadoras de los servicios enumerados en el Artículo 8º de la presente Ley, con autorización otorgada en otras provincias, a los fines de actuar en el territorio de la Provincia de Catamarca, deberán cumplimentar con todos los requisitos fijados en el presente plexo normativo y acompañar los instrumentos legales por los cuales obtuvieron las habilitaciones respectivas.

ARTíCULO 14º: Autorizase la procuración de información, a requerimiento escrito de persona física o jurídica, en salvaguarda de sus derechos e intereses legítimos, la que podrá ejercerse para los ámbitos: civil, comercial y laboral.

ARTíCULO 15º: Quedan excluidas del presente régimen legal, las personas físicas o jurídicas que desarrollen las siguientes actividades: Servicios de vigilancia, protección interna, ronda, higiene en lugares comunes y otros menesteres similares, efectuados en plantas industriales, centros comerciales, comercios, industrias, instituciones, sociedades, empresas u organismos públicos y privados, consorcios de propietarios de edificios, etc., siempre que el personal afectado a dichas tareas, actúe en relación de dependencia directa con esas entidades y cumpla con los requisitos establecidos por esta Ley para la habilitación como vigilador, comprendidos en el

Artículo 35º. Las referidas personas físicas o jurídicas que se encuentran excluidas en el presente Artículo, que tengan personal afectado a tareas de seguridad, deberán contar con un supervisor idóneo en seguridad que reúna los requisitos exigidos para los responsables técnicos, referidos en el Artículo 33º, que deberá ser dado de alta al efecto por la Autoridad de Aplicación; Servicios adicionales de seguridad y vigilancia que preste la Policía y/o el Servicio Penitenciario de la Provincia de Catamarca; Servicio de Transporte de caudales (Ley Nacional Nº 19130) y Decretos Reservados Nº 2625/73 y Nº 1398/74; Servicios prestados por las Agencias de Informes Comerciales. ARTíCULO 16º: La administración central, sus entes autárquicos y descentralizados y las municipalidades de la Provincia podrán contratar la provisión de los servicios mencionados en el Artículo 8º de esta Ley.

CAPITULO SEGUNDO Responsabilidad en el manejo de la información

ARTíCULO 17º: Las entidades regidas por la presente Ley, deberán proteger toda información que obtengan a través de su accionar y guardar el más estricto secreto, respecto a datos o documentos relativos a la materia de su actividad. Solo podrán tomar conocimiento de las mismas, la autoridad judicial y los comitentes, sin perjuicio de los recursos que pudieren interponer quienes consideren lesionado su derecho. Dicha información deberá ser conservada por un término no menor a cinco (5) años. Toda violación a estas garantías constituye infracción muy grave. CAPITULO TERCERO Autoridad de Aplicación

ARTíCULO 18º: La Autoridad de Aplicación en materia de seguridad privada es el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de una dependencia que se deberá crear en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, que autorizará la habilitación e instalación y fiscalizará el funcionamiento de los prestadores. De la Autoridad de Aplicación dependerá un cuerpo de inspectores, que tendrá a su cargo el control del cumplimiento, por parte de los prestadores de servicios de seguridad privada de las obligaciones y requisitos establecidos por la presente Ley y fijados por el Ministerio de Gobierno y Justicia. El procedimiento y la actuación del cuerpo de inspectores serán determinados mediante Resolución de la Autoridad de Aplicación. CAPITULO CUARTO Registro Público Permanente de Empresas y Personal de Seguridad Privada

ARTíCULO 19º: Funcionará en el ámbito de la Autoridad de Aplicación un Registro Público Permanente de Empresas y Personal de Seguridad Privada.

ARTíCULO 20º: El Registro tendrá carácter público y en él se inscribirán, obligatoriamente, todos los prestadores que hayan obtenido su habilitación para funcionar y se asentarán todas las actividades relacionadas a las mismas. ARTíCULO 21º: Los prestadores de servicios de seguridad privada están obligados a solicitar al Registro Público Permanente de Empresas y Personal de Seguridad Privada, un “Certificado Anual de Renovación de la Habilitación”, que acredite que el prestador está registrado en ese organismo y habilitado para funcionar.

ARTíCULO 22º: La Autoridad de Aplicación, en forma unilateral y por Resolución fundada en pautas de política de seguridad, podrá disponer la caducidad de la autorización para funcionar de algún prestador de servicios de seguridad privada.

CAPITULO QUINTO De los Prestadores del Servicio Sección 1º De las condiciones

ARTíCULO 23º: Podrán ser prestadores de los servicios enumerados en el Artículo 8º, las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones exigidas por la presente ley, enmarquen su accionar a sus normas y sean previa y expresamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación.

ARTíCULO 24º: Los prestadores de los servicios enumerados en el Artículo 8º de la presente Ley podrán ser personas físicas o jurídicas. Las primeras deberán estar inscriptas en el Registro Público de Comercio, mientras que las personas jurídicas constituidas bajo los distintos regímenes societarios e inscriptos en las reparticiones públicas correspondientes.

ARTíCULO 25º: Las personas físicas y los representantes de las personas jurídicas que soliciten la habilitación para prestar uno, algunos o todos los servicios enumerados en el Artículo 8º de esta Ley, deberán cumplimentar con los siguientes requisitos: Personas físicas: Ser ciudadano argentino mayor de veintiún(21) años de edad; No estar comprendido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de los servicios de seguridad privada prevista por los Artículos 40º y 41º de la presente Ley; No registrar antecedentes penales, y Encontrarse inscripto en el Registro Público de Comercio. Personas jurídicas: Estar constituida de acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales; Tener contrato social inscripto en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y/o en el Registro Público de Comercio, según corresponda al tipo societario. Si se tratare de personas jurídicas habilitadas en otras provincias o en el extranjero, presentar los instrumentos mediante los cuales obtuvieron esa habilitación en sus lugares de origen, y No encontrarse comprendida en los supuestos establecidos en la Ley Nacional Nº 24522. Además de los requisitos exigidos para las personas físicas y jurídicas en particular, deberán: Presentar nota solicitando la habilitación, especificando el o los servicios que pretenden prestar, establecidos en el Articulo 8º de esta Ley; Acreditar inscripción en los organismos tributarios nacionales, provinciales y municipales, sin perjuicio de que la Autoridad de Aplicación efectúe requerimientos adicionales en la materia, si lo considera necesario; Acreditar que no se encuentran inhabilitados, ni inhibidos civil ni comercialmente; Constituir seguros de caución y responsabilidad civil exigidos por los artículos 26º y 27º de la presente Ley; Constituir domicilio real y legal en la Provincia de Catamarca, y; En el caso de las personas físicas comprendidas en el Articulo 40º de la presente Ley, que hayan cesado en sus actividades presentando el certificado otorgado por el organismo correspondiente, que acredite la causa del mismo. La Autoridad de Aplicación determinará que documentación deberá presentarse a los fines de cumplimentar con los requisitos exigidos en la presente Ley. Sección Segunda: De las garantías .

ARTICULO 26º: Las personas físicas o jurídicas constituirán una garantía real como respaldo al cumplimiento total de sus obligaciones de origen laboral, previsional y/o de las que pudieren derivar de decisiones judiciales favorables a terceros afectados. Podrán otorgar hipoteca en primer grado de uno o varios inmuebles a nombre del responsable del servicio o certificado de seguro de caución renovable automáticamente o boleta de depósito en efectivo. Los montos de la garantía real serán determinados por Resolución de la Autoridad de Aplicación, con criterio de razonabilidad, proporcionalidad y evitar que el monto establecido genere un monopolio de la actividad. Dicho fondo se constituirá a favor de la Provincia de Catamarca, Ministerio de Gobierno y Justicia (Fondo de Garantía de Empresas Privadas de Seguridad e Investigación).

ARTICULO 27º: Deberá constituirse y mantenerse en vigencia un seguro de responsabilidad civil por el monto que periódicamente fijará la Autoridad de Aplicación, con criterio de razonabilidad y proporcionalidad a la potencialidad riesgosa de la actividad que desarrolla. Sección Tercera: De las Nomenclaturas

ARTICULO 28º: Todo aquella que identifique a la Empresa, deberá coincidir con la denominación que figura en el instrumento legal que dicte la Autoridad de Aplicación al momento de otorgar la habilitación y con el que figurará en el Registro Público Permanente de Empresas y Personal de Seguridad Privada. No podrán usarse las menciones: “República Argentina”, “Nación”, Nacional”, “Provincia de Catamarca”, “Política”, “Policía Privada”, “Policía Particular”, “Autorizada”, “Supervisada” o toda otra denominación o siglas o formatos de escudos o identificaciones, que por su similitud con las usadas por Organismos de Seguridad del Estado, puedan inducir a error o confusión, haciendo suponer tal carácter. Sección Cuarta: Instrumental y Equipos de Comunicación

ARTICULO 29º: La nómina de todo instrumental de comunicaciones, fijo, móvil, portátil y vehículos a utilizar por el prestador, deberá ser autorizada por la Autoridad de Aplicación, bajo las formas que ésta establezca y el pago de la tasa correspondiente.

ARTíCULO 30º: Las personas físicas o jurídicas habilitadas para prestar los servicios enumerados en el Artículo 8º de esta Ley, deberán obligatoriamente llevar los siguientes libros: De Personal; De Misiones y Funciones; De Vehículos afectados a la prestación del servicio; De instrumental, y De Inspecciones. Los mismos deberán estar rubricados y foliados por la Autoridad de Aplicación o el organismo en quien ésta delegue dicha tarea. Asimismo, los contratos que celebren las empresas de seguridad para la prestación de sus servicios y para la contratación del personal afectado a sus fines, se deberán formalizar por escrito, con expresión de su objeto y de las partes, conforme al modelo homologado por la Autoridad de Aplicación. Los investigadores privados, además de lo expresado anteriormente, deberán conformar un legajo individual por cada investigación, en el que constara el contrato, un informe de toda la actividad desplegada y copia de todas las pruebas recabadas. Sección 5: Publicidad

ARTICULO 31º: Las empresas reguladas por esta Ley, podrán efectuar publicidad de los servicios que prestan por cualquier medio de comunicación que estimen conveniente, pero será sancionada quien ofrezca efectuar tareas no contempladas o prohibidas por esta Ley. Sección 6: Del Personal

ARTICULO 32º: El personal que preste servicios en el ámbito de la seguridad privada, se dividirá en las siguientes categorías: a) Director Técnico, Responsable y Sustituto; b) Supervisor; c) Personal de Vigilancia (Vigilador); d) Escolta Privado, y e) Investigador Privado. El personal nombrado en el Inciso a) deberá, cada dos (2) años, acreditar que se encuentra en condiciones técnicas y psico-físicas aptas para continuar ejerciendo sus tareas, mediante el examen correspondiente, que deberá ser practicado por profesionales designados por la Autoridad de Aplicación previo a decidirse la renovación de su licencia. Los mencionados en los incisos b), c), d), y e) deberán cumplimentar el mismo requisito cada un (1) año. Todos ellos deberán acreditar que cuentan con titulo certificado o experiencia suficiente en la materia, que permita considerarlo idóneo en la función correspondiente, y abonar la Tasa de Renovación determinada para cada caso. únicamente podrán desempeñarse como personal que preste servicios en el ámbito de la seguridad privada, conforme las previsiones de la presente Ley, aquellos dependientes de las empresas habilitadas que se encuentren debidamente registrados como empleados en relación de dependencia jurídico-laboral de las mismas, que a su vez reúnan los requisitos exigidos en la presente y que sean habilitados por la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 33º: Los Directores Técnicos – Responsables y/o Sustituto- y los Supervisores, al solicitar su habilitación e inscripción como personal de seguridad privada, deberán reunir los siguientes requisitos: a) Ser ciudadano argentino, tener como mínimo treinta (30) años de edad y tener domicilio real acreditado en la Provincia de Catamarca y b) Cumplimentar con los requisitos establecidos en los incisos 1) apartados b) y c) y 3) apartados c) y f) del Articulo 25º de la presente Ley.

ARTICULO 34º: El Director Técnico – Responsable y/o Sustituto-, es conjunta y solidariamente responsable con el o los propietarios del servicio, por la observancia de la presente Ley.

ARTICULO 35º: Para poder desempeñarse como personal dependiente (Vigilador, Escolta Privado, Investigador Privado) de una entidad de las mencionadas en el Articulo 8º de la presente Ley, los interesados deberán cumplimentar los siguientes requisitos: a) Ser mayor de veintiún (21) años de edad, y b) Cumplimentar con los requisitos establecidos en los incisos 1) apartados b) y c) y 3) apartado f) del Articulo 25º de la presente Ley.

ARTICULO 36º: Todo el personal está obligado a mostrar, cada vez que le sea requerido, la credencial que lo habilita a pertenecer a un servicio de vigilancia. La misma será otorgada por la Autoridad de Aplicación o por quien ésta delegue, debiendo ser renovada cada dos (2) años.

ARTICULO 37º: Las personas físicas o jurídicas comprendidas en esta Ley, están obligadas a organizar centros o cursos de capacitación para su personal. Está permitido que dos (2) o más empresas organicen colectivamente los cursos en cuestión. La Autoridad de Aplicación determinará mediante Resolución el diseño de la estructura curricular, así como los requisitos, contenidos mínimos, duración, tipo y cantidad de exámenes parciales y finales y estrategias pedagógicas y didácticas que deben reunir los planes y cursos de capacitación formulados por los prestadores para obtener la aprobación por parte de aquélla. CAPITULO SEXTO De las tasas

ARTíCULO 38º: Queda facultada la Autoridad de Aplicación a exigir y percibir el cobro de las siguientes Tasas Administrativas: Por autorización, homologación y/o habilitación: a) De Empresas; b) De Centros de Capacitación; c) De Personal Dependiente; d) De Objetivos, y e) De Medios o Instrumental Material o Técnico. Por solicitud de renovación: a) De Personal (cada dos (2) años), y b) Anual de habilitación de Empresa. Solicitud de baja de Empresa. Solicitud de Informes. Certificado de aprobación de cursos de capacitación por persona. Los montos de las Tasas Administrativas referidas precedentemente, serán fijados en la Ley Impositiva Anual y lo recaudado por tal concepto deberá ser depositado en el Banco de la Nación Argentina – Sucursal San Fernando del Valle de Catamarca – e ingresará a una Cuenta Especial que determine la Autoridad de Aplicación. CAPITULO SéPTIMO Responsabilidad de los Usuarios

ARTICULO 39º: Cualquier persona física o jurídica que contrate servicios de seguridad privada, estará obligada a exigir al prestador que acredite fehacientemente encontrarse habilitado por la Autoridad de Aplicación. La contratación de este tipo de servicios con un prestador no habilitado, las hará pasibles de las mismas sanciones aplicables al prestador.

CAPITULO OCTAVO Inhabilitaciones e Incompatibilidades

ARTICULO 40º: Queda prohibido al personal en actividad de la Policía de la Provincia de Catamarca, de la Policía Judicial, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, del Servicio Penitenciario y de Organismos de Inteligencia, y a quienes hayan sido dados de baja de los citados organismos por causas graves, constituir personas jurídicas, gestionar, instalar, realizar o promocionar, por sí o por interpósita persona, los servicios citados en el Artículo 8º de la presente Ley, ni desempeñarse en los mismos o en tareas relacionadas. Las transgresiones a estas disposiciones se considerarán infracciones “muy graves”.

ARTíCULO 41º: Tampoco podrán desempeñarse en tareas relacionadas con el ámbito de la seguridad privada, las siguientes personas: Quienes se beneficiaron con las Leyes Nacionales Nº 23492 y/o Nº 23521 e indultados por hechos que constituyan violación a los derechos humanos; Quienes posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos y/o culposos. Excepcionalmente podrá la Autoridad de Aplicación a pedido del interesado, habilitarlo en los casos de delitos culposos que no afecten el objeto de la presente Ley, y Quienes hayan sido inhabilitados por infracciones a la presente Ley.

ARTICULO 42º: Prohíbese a los prestadores de servicios de seguridad privada, intervenir en conflictos o realizar investigaciones de carácter político, laboral, sindical, racial, étnico, religioso, o sobre la orientación sexual o el estado de saludo de salud de las personas, como así también espionaje industrial o comercial. Seguir o investigar a los integrantes de los poderes públicos del Estado y a miembros de los medios masivos de comunicación. Crear o mantener un banco de datos por los motivos antes expuestos. Intervenir comunicación y transmisión telefónicas, radiales, digitales, circuitos de televisión, o de cualquier mecanismo tecnológico que permita la transmisión de datos, conversaciones o imágenes de terceras personas. Ingresar a fuentes de información computarizadas sin autorización. Interrogar a personas a quienes se les impute la comisión de un delito. Realizar requisas personales o retener documentación personal. CAPITULO NOVENO De las Infracciones

ARTíCULO 43º: Las Infracciones a las distintas disposiciones de la presente Ley, serán consideradas como: “muy graves”, “graves” y “leves”.

ARTICULO 44º: Se considerarán infracciones “muy graves”, las siguientes: La prestación de servicios careciendo de la habilitación correspondiente o encontrándose ésta cancelada definitivamente; El incumplimiento de los Artículos 28º y 42º de la presente Ley; La utilización de medios materiales y técnicos no autorizados, no homologados o prohibidos por la Autoridad de Aplicación; La utilización de cualquier tipo de armas; No transmitir a la Policía de la Provincia de Catamarca, las señales de alarma que registren sus sistemas instalados o transmitirlas con retraso injustificado; No comunicar, en tiempo y forma, a la autoridad que correspondiere, todo presunto hecho delictivo del que tomaran conocimiento sus integrantes o dependientes, en el ejercicio de sus funciones; La prestación de servicios por personal dependiente no inscriptos en el Registro Publico Permanente de Empresas y Personal de seguridad Privada a que se refiere al Articulo 11º de esta Ley; La negativa de facilitar y/o entregar a la Autoridad Judicial o Policial que la requiera por escrito-, información o documentación relativa a misiones cumplidas o que se estén cumpliendo; La comisión de una segunda infracción “grave” en el periodo de un (1) año.

ARTíCULO 45º: Se considerarán infracciones “graves”, las siguientes: La violación a las disposiciones del Artículo 12º de la presente Ley; El incumplimiento de la obligación prescripta por los artículos 31º y 37º de la presente Ley; La ejecución de misiones o prestaciones de servicios de características para las que no estén habilitadas; La omisión de denunciar ante la Autoridad de Aplicación un contrato de servicios; El incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidas en la presente Ley; Encontrase en mora con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de orden provincial, y; La comisión de una tercera infracción “leve” en el período de un (1) año.

ARTíCULO 46º: Se considerarán infracciones “leves”, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos en la presente Ley, siempre que no constituya infracción “grave” o “muy grave”.

ARTíCULO 47º: Las infracciones cometidas en contra de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley, serán sancionadas con: Apercibimiento por escrito; Multa; Inhabilitación de personas responsables y/o directores técnicos, y; Cancelación definitiva de la habilitación para funcionar.

CAPíTULO DECIMO De las Sanciones

ARTíCULO 48º: Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder, la Autoridad de Aplicación podrá aplicar las siguientes sanciones: 1) Empresas Autorizadas: - Por la comisión de infracciones “muy graves”: a) En el caso de la primera infracción constatada, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la tasa establecida para la habilitación de una empresa de seguridad; b) En el caso de reincidencia, que se considerará tal, cuando se cometiere una nueva infracción dentro de los dieciocho (18) meses de cometida la primera, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la tasa establecida para la habilitación de una empresa de seguridad, y c) En el caso de una tercera infracción dentro del término establecido en el apartado anterior, o del incumplimiento de lo establecido en el

Artículo 35º de la presente Ley, corresponderá la sanción conjunta de “multa y cancelación definitiva para funcionar”. - Por la comisión de infracciones “graves”: a) En el caso de primera infracción constatada, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la tasa establecida para la habilitación de una empresa de seguridad; b) En caso de reincidencia de acuerdo a lo establecido en el Apartado b) de las sanciones “muy graves”, se aumentará la pena a un cincuenta por ciento (50%) del importe de la tasa a que hace referencia el apartado anterior, y c) La comisión de una tercera infracción “grave” en el término de dieciocho (18) meses de constatada la primera infracción, será considerada primera infracción “muy grave”. - Por la comisión de infracciones “leves”: a) En el caso de la primera infracción constatada, se aplicará “apercibimiento” por escrito; b) En caso de reincidencia, de acuerdo a lo establecido en el Apartado b) de las sanciones “muy graves”, se aplicará una sanción pecuniaria cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del importe de la tasa a abonar para la habilitación de una empresa de seguridad y c) La comisión de una tercera infracción “leve” en el término de un (1) año de cometida la primera infracción, será considerada primera infracción “grave”. 2) Empresas No Autorizadas o Definitivamente Canceladas: En todos los casos las infracciones serán consideradas “muy graves”, correspondiéndole una sanción pecuniaria equivalente al cien por ciento (100%) del importe de la tasa que se deberá abonar para la habilitación de una empresa de seguridad. Deberá, asimismo, procederse a la clausura de las dependencias de la entidad y al secuestro preventivo de los bienes utilizados para la prestación del servicio. Esto último se aplicará sin perjuicio de la sanción de multa y sólo en caso de persistir en la infracción. Los bienes secuestrados serán restituidos una vez que se satisfaga íntegramente el importe de la sanción pecuniaria. La persona física o jurídica que contrate servicios de seguridad privada, con prestadores no habilitados por la Autoridad de Aplicación, será pasible solidariamente de las mismas sanciones pecuniarias aplicables al prestador.

ARTíCULO 49º: La “cancelación” de la habilitación para funcionar, es la sanción que impide en forma definitiva la continuación de la prestación de los servicios regulados por esta Ley. Esta sanción traerá aparejada la prohibición absoluta para que los directores técnicos, responsables y sustitutos, puedan desempeñarse como tales en cualquier otra empresa del mismo tipo, por el término de tres (3) años.

ARTíCULO 50º: Para la graduación de sanciones, la Autoridad de Aplicación tendrá en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada para personas o bienes y el volumen de actividad de la Agencia contra quien se dicte la Resolución sancionatoria. Además, cuando por la comisión de las infracciones se hubieran generado beneficios económicos para sus autores, las multas podrán incrementarse hasta cinco (5) veces en las cifras fijadas.

ARTíCULO 51º: Las sumas devengadas por multas ingresarán a una Cuenta Especial que será designada por la Autoridad de Aplicación.

CAPíTULO DéCIMOPRIMERO De la Verificación de Infracciones y Sanciones

ARTíCULO 52º: La verificación de las infracciones a la presente Ley se realizará mediante acta de comprobación, con indicación del nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere. El funcionario actuante, especialmente afectado por la Autoridad de Aplicación, en el mismo acto notificará al presunto infractor, si se encontrare presente. La Autoridad de Aplicación citará al infractor o persona responsable, en su caso, para que se notifique del acta de comprobación y para que en un plazo de cinco (5) días hábiles presente por escrito su defensa y ofrezca prueba de descargo. La prueba deberá producirse en el término de diez (10) días hábiles, prorrogables por la Autoridad de Aplicación cuando haya motivos justificados.

ARTíCULO 53º: Vencido el plazo para diligenciar la prueba, el instructor asentará esta circunstancia y elevará lo actuado a la autoridad que deba dictar Resolución definitiva.

ARTíCULO 54º: Dictada la Resolución, se notificará al supuesto infractor o al responsable, del contenido de la misma. Si la pena fuese de multa, el responsable de su cumplimiento deberá depositar en el plazo de quince (15) días hábiles el monto fijado, en la cuenta bancaria habilitada a tal efecto.

ARTíCULO 55º: En contra de la Resolución se admitirán los recursos de reconsideración y jerárquicos. El procedimiento a seguir será el establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Catamarca.

ARTíCULO 56º: Las resoluciones tendrán ejecutoriedad una vez que éstas hayan quedado firmes. Cuando la sanción sea de multa, para poder recurrir se deberá depositar el treinta por ciento (30%) del importe de la misma en la Cuenta Especial; en caso contrario no se dará trámite al recurso y se lo tendrá por desistido, quedando firme la Resolución.

ARTíCULO 57º: La falta de pago de la multa hará exigible su cobro por el procedimiento de ejecución fiscal, constituyendo título suficiente de ejecución el testimonio de la Resolución condenatoria firme expedida por el organismo de juzgamiento. La procuración fiscal de las multas estará a cargo del cuerpo de abogados designados por la UPE Ejecución Fiscal. Las sumas devengadas de tal procuración, se depositarán en el cuenta especial a nombre de la Autoridad de Aplicación.

CAPíTULO DéCIMOSEGUNDO Disposiciones Complementarias y Transitorias

ARTíCULO 58º: Las empresas que prestan los servicios enumerados en el artículo 8º, deberán adecuarse a lo establecido en la presente en el término de noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. Una vez vencido el plazo estipulado en el párrafo precedente, la Autoridad de Aplicación dispondrá la cancelación definitiva para funcionar de las prestadoras de los servicios enumerados en el Artículo 6º y el archivo de los trámites pendientes.

ARTíCULO 59º: DERóGASE toda otra Ley o disposición dictada sobre la materia que se oponga a la presente. ARTíCULO 60º.- De Forma. DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CáMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA, A LOS DOS DíAS DEL MES DE JULIO DEL AñO DOS MIL NUEVE.

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