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PROVINCIA DE RIO NEGRO LEY 3608 PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA

PARTE 1

Datos Referenciales

LEY Nº 3608

La Legislatura de la Provincia de Río Negro

Sanciona con fuerza de

LEY:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º: Regúlase por la Presente ley la prestación del servicio de

vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes, como así también las

actividades anexas y complementarias que con motivo de éstas se desarrollen,

por parte de personas físicas o jurídicas privadas. Las actividades que las

mismas desarrollen estarán exclusivamente orientadas a la prevención de la

comisión de delitos y tienen el carácter de actividades complementarias,

subordinadas a la normativa y políticas que regulen la seguridad pública por

parte de la Provincia de Río Negro.

ARTICULO 2º: Se consideran actividades reguladas por la presente ley, las

que a continuación se detallan:

a) VIGILANCIA PRIVADA: Es la prestación de servicios que tienen

como objetivo la seguridad de bienes y de personas, por parte de personal sin

facultades para portar armas.

Queda comprendido en el presente, el servicio de vigilancia a distancia,

mediante alarmas interconectadas con centros de control y alerta.

b) CUSTODIAS PERSONALES: Consiste en el servicio de

acompañamiento y protección de personas determinadas, por parte de

personal facultado para el uso de armas, con el objeto de disuadir que sean

pasivas de actos ilícitos.

c) CUSTODIA Y TRANSPORTE DE BIENES Y VALORES: Son los

servicios de depósito, custodia, recuento y clasificación de billetes, títulos,

valores y demás objetos que por su peligrosidad, valor económico o

expectativas que generen puedan requerir protección especial sin perjuicio de

las actividades propias de las entidades financieras. Asimismo, el transporte y

distribución de dichos objetos a través de los distintos medios, realizándolos en

su caso, mediante vehículos autorizados por la autoridad de aplicación.

Se excluyen de las actividades permitidas en el presente inciso, los servicios

que por legislación de seguridad bancaria establecen la prestación de los

mismos por parte del personal policial en actividad de la provincia.

d) ACTIVIDADES ANEXAS, las que comprenden la organización,

provisión, comercialización, instalación y mantenimiento de equipos

electrónicos, ópticos y electro-ópticos, dispositivos y sistemas de seguridad

electrónica para la protección de bienes, personas y contra el fuego u otros

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siniestros, sistemas de observación y registro, imagen y audio así como la

recepción, transmisión, verificación y registro de las marcas y señales.

ARTICULO 3º: Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de

Estado de Seguridad y justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno.

ARTICULO 4º: El gobierno de la provincia de Río Negro, en uso del poder de

policía para procurar la protección de personas y bienes con arreglo a lo

dispuesto por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y las

Leyes vigentes en la materia, ejercerá en forma indelegable las facultades de

autorización, inspección y compulsa de libros y sanción de las empresas de

seguridad que tengan su domicilio social y el desarrollo de sus actividades en

su jurisdicción.

ARTICULO 5º: Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán

con absoluto respeto a la Constitución Nacional y Constitución Provincial con

sujeción a la presente ley y al resto del ordenamiento jurídico. El personal de

seguridad privada se atendrá en sus adecuaciones a los principios de

integridad y dignidad, protección y trato correcto a las personas, evitando

abusos, arbitrariedades y violencias y actuando en congruencia y

proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles.

ARTICULO 6º: Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán

obligación especial de auxiliar a las fuerzas policiales, prestarles su

colaboración y seguir sus instrucciones en relación con las personas, los

bienes, los establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o

custodia estuvieran encargados en el marco de las funciones que

específicamente les atribuye la ley, cuando el Gobierno de Río Negro así lo

disponga.

ARTICULO 7º: La autoridad de aplicación autorizará el ejercicio de la actividad,

previa acreditación de la inscripción en el Registro Provincial de Armas del

armamento que se afectará a la actividad, el que deberá ajustarse a lo

dispuesto por la presente y demás leyes regulatorias en la materia. Asimismo

incorporará los datos de las personas físicas y jurídicas autorizadas en un

Banco de Datos de dependencia exclusiva de la autoridad de aplicación.

ARTICULO 8º: También deberán asentarse en el Banco de Datos los de las

personas físicas y jurídicas que, por el carácter interjurisdiccional de su

actividad, posean habilitación expedida por la Secretaría de Seguridad Interior

y realicen actividades en jurisdicción de la Provincia de Río Negro aunque no

posean en la misma su domicilio social.

ARTICULO 9º: El Banco de Datos de los Servicios de Seguridad Privada de la

Provincia será de acceso público, de permanente y obligatoria. La autoridad de

aplicación remitirá copia del certificada mismo a la Defensoría del Pueblo de la

Provincia, como depositario extrapoder de información restringida. La

reglamentación de la presente ley determinará los alcances, formalidades y

condiciones para el acceso a la información por parte de aquellos ciudadanos

que así lo requieran.

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ARTICULO 10°: Las empresas deberán llevar Libros-Registros, foliados y

rubricados por la autoridad de aplicación. En ellos se registrarán las altas y

bajas del personal de la empresa debiendo comunicarse las modificaciones

dentro de las setenta y dos (72) horas de producidas. Tales circunstancias

serán asentadas por la autoridad de aplicación en el Banco de Datos. También

deberán asentarse en los Libros-Registros las armas de fuego afectadas y el

parque de municiones existente; el nombre del personal autorizado para su uso

así como ocasiones y objetivos en que dicho personal haga uso de las mismas.

ARTICULO 11°: La autoridad de aplicación podrá requerir la información

contenida en los Libros-Registros y determinará la forma en que tales libros

deben ser llevados. En ningún caso el plazo de conservación de los Libros-

Registros será inferior a los diez (10) años.

ARTICULO 12°: Las personas físicas o jurídicas privadas autorizadas al

ejercicio de las actividades reguladas por la presenta ley presentarán un

informe sobre sus actividades a la autoridad de aplicación con la periodicidad

que la reglamentación determine. En dichos informes deberán constar los

servicios de seguridad contratados con terceros, individualización del

contratante y naturaleza del servicio contratado, subcontrataciones, así como

todo otro aspecto relacionado con la seguridad pública que la autoridad de

aplicación determine.

ARTICULO 13°: La autoridad de aplicación deberá informar a la Comisión de

Seguridad Interpoderes de Río Negro, con una periodicidad no superior a los

seis (6) meses, sobre el funcionamiento del sector, adjuntando informe

particularizado sobre aquellas personas físicas o jurídicas que hubieran infligido

la presente ley.

ARTICULO 14°: Las empresas y el personal de seguridad, en relación de

dependencia, contratado, subcontratado o independiente, no podrán ejercer

ningún tipo de investigación que tenga por objeto establecer el origen racial o

étnico, el estado de salud o sexualidad de persona alguna, opiniones políticas,

sindicales o religiosas o controlar la expresión de tales opiniones, ni crear o

mantener banco de datos sobre tales cuestiones.

ARTICULO 15°: Las empresas y el personal de seguridad tienen

expresamente prohibido comunicar a terceros, a excepción de lo prescripto en

el artículo 8º de la Presente o por requerimiento judicial cualquier información

que conozcan en el ejercicio de sus funciones sobre sus clientes, personas

relacionadas con éstos, así como de los bienes o efectos que custodien.

ARTICULO 16°: Los prestadores de servicios de seguridad privada se

encuentran obligados a poner en conocimiento de la autoridad policial y/o

judicial correspondiente, todo hecho delictivo del que tomen conocimiento sus

responsables y/o empleados en el ejercicio de sus funciones.

El ocultamiento o retardo en efectuar las correspondientes denuncias en tiempo

y forma será motivo de las sanciones previstas en esta ley sin perjuicio de las

que correspondieren de acuerdo al Código Penal.

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CAPITULO II

DE LA HABILITACION, REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS

PRESTADORES

ARTICULO 17°: Las personas jurídicas prestadoras del servicio deberán

responder a la organización societaria que la reglamentación determine,

quedando expresamente prohibida la inclusión de formas societarias en las

cuales no se pueda conocer fehacientemente la identidad de los socios.

ARTICULO 18°: Es condición para la habilitación de las personas físicas

solicitantes, así como de los administradores, gerentes, directores, asesores,

mandatarios, socios y/o gestores si se tratara de personas jurídicas:

a) Ser ciudadanos argentinos mayores de edad.

b) Certificado de aptitud psico-física, otorgado por un establecimiento

público de salud de la Provincia de Río Negro, expedido con una antigüedad no

superior a los tres (3) meses de iniciación del trámite de habilitación.

c) No encontrarse registrado en la Subsecretaría de Derechos Humanos

o en los registros de la CONADEP por grave violación a los derechos humanos.

d) Residir en el país, debiendo denunciar el domicilio real y toda variación

del mismo dentro de los diez (10) días de producido, ante la autoridad de

aplicación.

e) No encontrarse procesado o condenado por delito doloso. En caso de

registrar antecedentes judiciales deberá presentar testimonio con absolución o

sobreseimiento definitivo.

f) No revistar como personal en actividad en alguna fuerza armada,

policial, de seguridad, organismos de información e inteligencia y/o de los

servicios penitenciarios.

g) No haber sido exonerado ni poseer antecedentes desfavorables

compatibles con esta actividad en la administración pública nacional, provincial

o municipal, ni en las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, organismos de

inteligencia y/o penitenciarios.

h) No haber participado durante la vigencia de esta ley, de actividades,

empresas o agencias de seguridad e investigaciones sin la correspondiente

habilitación.

i) La formación profesional que la reglamentación o la ley determinen.

j) No haber sido denunciado ni tener antecedentes relacionados por

causas de violencia familiar.

ARTICULO 19°: Serán requisitos complementarios para obtener el certificado

de habilitación, los siguientes:

1. En el caso de las personas físicas:

a) La contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil hacia

terceros en los términos establecidos en la reglamentación.

b) Certificado de cumplimiento de las obligaciones previsionales y

fiscales.

2. En el caso de las personas jurídicas:

a) Póliza de seguros de responsabilidad civil.

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b) Otorgamiento de una garantía fijada por la reglamentación de esta ley.

c) Capital mínimo proporcional a la cantidad de personal contratado por la

empresa o al valor de los bienes propios denunciados por ésta.

d) Pago de la tasa de habilitación que será fijada por la reglamentación.

e) Certificado de domicilio de su sede social y administrativa.

f) Certificado de cumplimiento de las obligaciones previsionales y fiscales.

g) Declaración jurada conteniendo nómina de accionistas de la empresa

con especificación del porcentaje societario de cada uno. De cada

modificación deberá informarse a la autoridad de aplicación en el plazo de

treinta (30) días de producida.

h) En ningún caso la garantía y la tasa de habilitación deberán exceder

las exigencias razonables de cada plaza, dentro del espíritu de impedir el

monopolio de la actividad o dejarla reducida a un número mínimo de empresas.

ARTICULO 20°: La garantía exigida en el artículo 18, inciso 2.b) consistirá en

una suma de dinero en efectivo, seguro de caución, valores, títulos públicos

nacionales o provinciales según el valor de cotización en Bolsa en el momento

de constituirse, certificado por entidad bancaria, donde habrá de efectuarse

dicho depósito. Su finalidad es garantizar el pago de eventuales multas y su

monto será fijado por la autoridad de aplicación.

ARTICULO 21°: Para la restitución de las sumas de dinero, títulos o valores

depositados en caución, los prestadores habrán de presentar:

a) Declaración jurada en la que conste fecha de cesación de actividades,

haber abonado la totalidad de remuneraciones e indemnizaciones, cuotas

sindicales, obras sociales y cajas previsionales en que se encuentran

comprendidas las actividades. La declaración jurada deberá estar certificada

por contador público.

b) Certificado de libre deuda o constancia equivalente del sistema de

seguridad social.

ARTICULO 22°: El cambio de titularidad de las sociedades habilitadas deberá

contar con autorización previa de la autoridad de aplicación.

ARTICULO 23°: Los prestadores de servicios de seguridad privada deben

contar con un director técnico, quien deberá velar por el cumplimiento de las

disposiciones de esta Ley y su reglamentación. Deberá reunir los requisitos

exigidos en los artículos 17 y 18 de la Presente y acreditar idoneidad

profesional para la función. A tal efecto se consideran idóneos:

1.- Los licenciados y/o especialistas en seguridad y/o afines según lo

establezca la reglamentación, con título habilitante extendido por autoridad

competente y de conformidad con los programas oficiales aprobados por el

Ministerio de Educación.

2.- Los que se hayan desempeñado en cargos directivos en empresas de

seguridad e investigaciones privadas por un lapso de diez (10) años o diez

(10) años de servicios prestados en las fuerzas armadas, de seguridad,

policiales o del servicio penitenciario como personal superior o por un lapso de

diez (10) años como personal subalterno en dichas fuerzas, siempre que no

posean antecedentes desfavorables durante su permanencia en la fuerza. A

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partir de dos (2) años de vigencia de la Presente ley deberán rendir un examen

habilitante para mantener la condición.

ARTICULO 24°: Los empleados destinados a tareas operativas de jefes de

seguridad, supervisores, vigiladores y/o custodios de las personas físicas que

desarrollen esta actividad en forma independiente deberán poseer asimismo

certificado habilitante correspondiente a cada actividad, otorgado por los

establecimientos que la autoridad de aplicación determine. La reglamentación

establecerá la vigencia de cada uno de ellos, los plazos para la capacitación

del personal que cumple servicio y para la revalidación de los certificados,

previo curso de reentrenamiento.

Los empleados destinados a tareas operativas que impliquen la utilización de

armamento deberán ser mayores de veintiún (21) años y acreditar la categoría

de Legítimos Usuarios de Armas de "Uso Civil Condicional", que otorga el

Registro Nacional de Armas.

Ver parte 2




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