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PROVINCIA DE RIO NEGRO LEY 3608 PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA

PARTE 2


ARTICULO 25°: Los prestadores serán responsables ante la autoridad de

aplicación en cuanto a que el personal a incorporar no registre antecedentes

desfavorables para el cumplimiento de sus actividades de seguridad.

Con el consentimiento de los aspirantes deberán solicitar todos los

antecedentes policiales, judiciales o de organismos estatales donde se

hubieran desempeñado. Las empresas que alteren, falsifiquen u oculten

maliciosamente antecedentes negativos, serán pasibles de las sanciones

establecidas en el Capítulo V de la Presente ley. La reincidencia dará lugar a

su baja e inhabilitación permanente.

ARTICULO 26°: Las empresas de seguridad que tengan por objeto exclusivo la

instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad

así como el asesoramiento y planificación de actividades, podrán ser eximidas

reglamentariamente de alguno de los requisitos, a excepción de los prescripto

en el artículo 17.

ARTICULO 27°: Las empresas habilitadas no podrán utilizar nombres,

uniformes, vehículos o material alguno que puedan inducir al usuario o a la

población, a identificarlas como servicio de instituciones oficiales, derivados o

dependientes de ellas o que hagan presumir que cumplen tales funciones.

ARTICULO 28°: Salvo la función de protección de transporte de dinero,

valores, bienes u objetos, el personal de seguridad ejercerá sus funciones

exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades de cuya

vigilancia estuvieren encargados sin que tales funciones se puedan desarrollar

en las vías o espacios públicos ni en aquéllas que, no teniendo tal condición,

sean de uso común. Para la implantación de servicios especiales de vigilancia

y protección, en el caso de parques industriales o urbanizaciones aisladas,

deberá requerirse una autorización previa de la autoridad de aplicación.

ARTICULO 29°: Queda prohibido a las empresas de seguridad o vigilancia, a

los servicios internos de vigilancia y a los integrantes o personal de los mismos

que se encuentren en cumplimiento de sus funciones, realizar tareas de:

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a) Intercepción y/o captación del contenido de comunicaciones, sean

postales, telefónicas, telegráficas, radiofónicas, por télex, facsímil o cualquier

otro medio de transmisión de cosas, voces, imágenes o datos a distancia.

b) Adquisición de información a través de aparatos electrónicos,

mecánicos o de cualquier otro tipo, excepción hecha de la realización de tareas

de vigilancia por cuenta del propietario o legítimo tenedor del bien en el que se

realiza la actividad.

c) Obtención de cualquier información, registro, documento o cosa, para

la cual fuera necesaria la entrada en domicilios privados o edificios públicos o

la obligación del acceso a cosas, o bien la búsqueda, remoción, retorno o

examen de cualquier tipo, salvo conformidad expresa y por escrito del titular

del domicilio de que se trate o en su caso el propietario o legítimo tenedor de

las cosas de que se trate.

CAPITULO III

DE LAS INSTALACIONES Y LOS MEDIOS MATERIALES Y TECNICOS

ARTICULO 30°: La autoridad de aplicación determinará las características que

deberán reunir los medios materiales y técnicos que podrán utilizarse para el

desarrollo de la actividad. Las características de dichos medios podrán ser

modificadas cuando varíen las condiciones que determinaron su homologación.

En el caso del armamento sólo podrá homologar las armas y municiones de

uso civil en estado original y autorizadas por la legislación vigente.

Las empresas no podrán afectar a sus actividades un número de armas que

supere la cantidad de sus agentes, pudiéndose autorizar un excedente de

hasta un diez por ciento (10%) en calidad de material de reserva. El parque de

municiones almacenado debe estar relacionado con el armamento autorizado.

ARTICULO 31°: La autoridad de aplicación no homologará bajo ninguna

circunstancia medios materiales o técnicos que atenten contra el honor, la

intimidad personal y los demás derechos personalísimos. Tampoco homologará

las que puedan producir daños, poner en peligro la seguridad ciudadana o

causar molestias a terceros.

ARTICULO 32°: Sólo se autorizará el uso de armas cuando se trate de

servicios de protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte

de dinero, valores y objetos valiosos; los de vigilancia y protección de fábricas,

depósito o transporte de armas y explosivos; de industrias o establecimientos

que se encuentren aislados y aquellos otros de análoga significación.

ARTICULO 33°: Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad,

previstos en el artículo anterior, sólo se podrán portar estando de servicio.

ARTICULO 34°: Las empresas estarán obligadas a comunicar a la autoridad

de aplicación, para su registración en el Banco de Datos, los vehículos y

edificios afectados a las actividades reguladas por la presente ley, sean de su

propiedad u otra forma de posesión y uso de acuerdo a la legislación vigente.

Igual requisito deberán cumplir respecto de los equipos de comunicación que

se afectarán al desarrollo de la actividad. Para el caso de utilización de equipos

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de radio deberán acompañar, junto a la notificación, la autorización previa de la

Secretaría de Comunicaciones del Poder Ejecutivo Nacional en la que conste la

frecuencia en que la empresa receptan las señales.

CAPITULO IV

DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL

ARTICULO 35°: La formación, actualización y adiestramiento del personal que

desempeñe las actividades reguladas por la presente, se llevarán a cabo con

sujeción a las normas que determine la autoridad de aplicación. Deberá estar a

cargo de profesores acreditados y en centros de formación que deberán reunir

los requisitos de ubicación y acondicionamiento especialmente en cuanto se

refiere a los espacios para el aprendizaje, práctica y perfeccionamiento en la

utilización de armas de fuego y sistemas de seguridad.

ARTICULO 36°: Los centros de formación deberán llevar a cabo programas

permanentes, los que tendrán como principios fundamentales el respeto por los

derechos humanos y la observación de las garantías consagradas por la

Constitución Nacional y la Constitución Provincial.

ARTICULO 37°: El personal docente y la dirección de los centros de formación

deberá reunir los requisitos exigidos por el artículo 17 de la presente, a

excepción de los determinados en el inciso c).

CAPITULO V

REGIMEN SANCIONADOR

Sección I - Infracciones

ARTICULO 38°: Serán consideradas infracciones:

a) La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la

habilitación necesaria.

b) La omisión, ocultamiento o falseamiento de los requisitos prescriptos

en los artículos 17 y 18.

c) La realización de actividades prohibidas por los artículos 14 y 28.

d) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados.

e) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los

libros-registros complementarios.

f) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición,

almacenamiento, custodia y uso de armas o la tenencia de éstas por el

personal a su servicio.

g) La realización de servicios de seguridad con armas no autorizadas.

h) La utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad

no homologados.

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Sección II - sanciones

ARTICULO 39°: De acuerdo con lo establecido y cuando corresponda, la

autoridad de aplicación, mediante acto administrativo que determine la

reglamentación de la presente, podrá imponer las siguientes sanciones:

a) Multas, entre el cinco por ciento (5%) y hasta un veinte por ciento

(20%) del giro mensual según lo que surja de las correspondientes

declaraciones juradas y/o auditorías contables, en su caso.

b) Suspensión de la inscripción por un lapso no inferior a los treinta (30) y

no superior a los noventa (90) días.

c) Cancelación de la inscripción.

Las multas previstas en el inciso a) podrán ser consideradas sanciones

complementarias cuando correspondiere la aplicación de las previstas en los

incisos b) y c).

ARTICULO 40°: El material no homologado utilizado en las actividades que

regula la presente serán decomisados y se procederá a su destrucción si no

fueran de lícito comercio. Si el material secuestrado lo fuere sólo en razón de

su utilización indebida por parte de los servicios privados de seguridad,

sustanciado el proceso judicial pertinente, será entregado a la autoridad de

aplicación para ser destinado al reequipamiento de las fuerzas de seguridad a

su cargo y/o asociaciones civiles de tiro.

ARTICULO 41°: Contra las resoluciones que impongan sanciones, se podrán

imponer los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO 42°: Para la graduación de las sanciones, cuando no estén

señaladas individualizadamente en los reglamentos, las autoridades

competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el

posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada y

mantenida, para personas o bienes, la reincidencia, en su caso, y la capacidad

económica del infractor. Cuando la comisión de las infracciones hubieren

generado beneficios para los autores de las mismas, las multas que la

autoridad competente aplique podrán alcanzar el monto de hasta dos veces el

de dicho beneficio más la que les correspondiere en aplicación de lo dispuesto

en el artículo 38.

ARTICULO 43°: Los fondos recaudados en concepto de multa y aranceles,

serán destinados al "Programa de Asistencia a la Víctima".

Sección III- procedimiento

ARTICULO 44°: Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades

cometidas por empresas o personas de seguridad privada en el desarrollo de

sus actividades, podrá denunciar aquéllas ante la autoridad de aplicación.

Iniciado el expediente, el órgano que lo haya ordenado podrá solicitar ante la

autoridad de aplicación la adopción de las medidas cautelares necesarias para

la adecuada instrucción del procedimiento, así como para evitar la continuación

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de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuera

pecuniaria y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.

Dichas medidas deberán ser proporcionales a la naturaleza de la presunta

infracción y podrán consistir en:

a) La requisa o secuestro de vehículos, armas, material o equipamiento

prohibido o no homologado, como así los instrumentos y los efectos de la

infracción.

b) El retiro preventivo de las habilitaciones o permisos.

c) La suspensión administrativa de la habilitación del personal de

seguridad privada o en su caso, de la tramitación necesaria para el

otorgamiento de aquélla mientras dure la instrucción de expedientes por

infracciones graves o muy graves en materia de seguridad.

ARTICULO 45°: En caso de grave riesgo o peligro inminente para las personas

o bienes, las medidas previstas en el inciso a) del artículo anterior, podrán ser

adoptadas inmediatamente por los agentes de la seguridad pública de la

provincia. Dichas medidas deberán ser ratificadas en un plazo máximo de

setenta y dos (72) horas.

Sección IV - ejecución

ARTICULO 46°: Las sanciones impuestas serán ejecutorias, desde que la

resolución adquiera firmeza por vía administrativa.

Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria el plazo para satisfacerla no

podrá ser inferior a quince (15) días ni superior a treinta (30) días hábiles

administrativos, desde su notificación pudiendo acordarse el fraccionamiento

del pago.

ARTICULO 47°: En caso de suspensión temporal, cancelación de

inscripciones, retiro de documentación y clausura o cierre de establecimiento

o empresas, la autoridad de aplicación señalará un plazo de ejecución de las

medidas, el que no podrá ser inferior a los quince (15) días ni superior a los dos

(2) meses, oyendo al sancionado y a los terceros que pudieran resultar

directamente afectados.

ARTICULO 48°: Para la ejecución forzosa de las sanciones se seguirá el

procedimiento que determine la Ley de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO 49°: Las resoluciones sancionadoras, recaídas en los expedientes

sustanciados, por infracciones graves podrán ser hechas públicas por la

autoridad de aplicación, en los términos que reglamentariamente se

determinen.

ARTICULO 50°: Sustitúyese el texto de los artículos 101, 102, 103 y 104 del

digesto contravencional, ley 532, por el siguiente:

TITULO X: Faltas relativas a las actividades de investigaciones, vigilancia y

seguridad privada.

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"Artículo 101: Será reprimido con arresto de tres (3) a quince (15) días o

multas equivalentes, el que ocasional o habitualmente realice actividades

reguladas por la ley de investigaciones, vigilancia o seguridad privada, sin estar

habilitado o autorizado por la Policía de la Provincia de Río Negro".

"Artículo 102: Será reprimido con arresto de cinco (5) a veinte (20) días o

multas equivalente, el que ocasional o habitualmente realice actividades

reguladas por la ley de investigaciones, vigilancia o seguridad privada,

encontrándose caduca o cancelada su habilitación o autorización de la Policía

de la Provincia de Río Negro".

"Artículo 103: Las sanciones por infracciones a los artículos del presente título

que anteceden, llevarán como sanción accesoria al comiso de las armas,

uniformes, equipos de comunicaciones y demás instrumentos utilizados en la

comisión de la alta".

"Artículo 104: Será reprimido con la multa prevista en el artículo 101, el que

contrate o utilice los servicios de personas en actividades de investigación,

vigilancia o seguridad privada reguladas por la ley, sin que estén habilitadas

por la Policía de la Provincia de Río Negro".

ARTICULO 51°: Deróganse los artículos 105 y 106 del digesto contravencional,

ley nº 532.

ARTICULO 52°: Derógase la ley nº 2678.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 53°: Las personas físicas o jurídicas habilitadas con anterioridad a

la sanción de la presente ley, deberán adaptarse a los requisitos y exigencias

que la misma determina, dentro de un plazo máximo de seis (6) meses de la

promulgación de la presente o su reglamentación, según correspondiere.

ARTICULO 54°: La autoridad de aplicación gestionará dentro de los treinta (30)

días de promulgada la presente por ante los Registros Nacional y Provincial de

Armas respectivamente y en el ámbito de sus competencias la remisión de la

documentación que a continuación se detalla:

a) Nómina de personas físicas y jurídicas, habilitadas para el ejercicio de

las actividades reguladas por la presente, que desarrollen las mismas en forma

exclusiva en jurisdicción de la provincia.

b) Nómina de personas físicas y jurídicas habilitadas para el ejercicio de

las actividades reguladas por la presente que desarrollen las mismas en forma

habitual en jurisdicción de la provincia.

c) Nómina de las personas con licencia vigente que desarrollen en forma

exclusiva en jurisdicción de la provincia o que por naturaleza interjurisdiccional

desarrollen las mismas en forma habitual en jurisdicción de la provincia.

ARTICULO 55°: Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.



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