FRENO JUDICIAL A LA INTERVENCIÓN ARBITRARIA
EN LA OBRA SOCIALLa Medida Cautelar restituyó la Obra Social al Oficialismo encabezado por Ángel García.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Número 2 de esta Capital Federal, dispuso el cese de los efectos de la Resolución, a través de la cual los integrantes del Consejo Directivo de la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (OSPSIP) habían sido desplazados por autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, quien a su vez había designado en su reemplazo a un administrador provisorio.
De esta manera, la Justicia ha puesto fin a lo que se considera la primera intervención de la actual gestión gubernamental sobre una Obra Social Sindical, en tanto que el Juzgado actuante, ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud que el administrador que había sido designado, se abstenga de realizar acto alguno que implique avanzar con aquella designación.
La medida dictada por el Superintendente de Servicios de Salud Lic. Eugenio Daniel Zanarini, ahora suspendida por la Justicia Federal, se inscribe en el marco de un prolongado conflicto que se ha suscitado en el seno del Gremio de los Trabajadores de Seguridad.
En tal escenario, ciertos sectores ligados al poder, procuraron utilizar la estructura de la Superintendencia de Servicios de Salud para inclinar la balanza a favor de determinados sectores minoritarios y escasamente representativos del gremio de seguridad, en una movida que según se sabe, no sólo ha sido desaprobada judicialmente sino que tampoco contaría con el respaldo del Ejecutivo Nacional.
Esto último es determinante, dado que la Ley vigente únicamente autoriza la intervención de Obras Sociales Sindicales mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que resulta inexplicable el comportamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud, en tanto que ha procurado asumir funciones que le son ajenas por cuanto se encuentran reservadas al Presidente de la Nación.
En tiempos donde la propagación de la pandemia de COVID-19, exige de todos los sectores de la salud, incluyendo al Estado a través de sus autoridades, un mayor compromiso con el cuidado de los afiliados y beneficiarios de las Obras Sociales, la Resolución Judicial conocida días atrás, debe ser recibida como un importante freno a un arbitrio político que fue muy usual en la época macrista, a través de repetidas e infundadas injerencias del poder político en el funcionamiento de las Instituciones representativas de los trabajadores.
Aún cuando el conflicto judicial seguramente continuará, hasta que definitivamente culmine la controversia suscitada a partir del accionar irregular de la Superintendencia de Servicios de Salud, la administración de la Obra Social de los trabajadores de la seguridad se encuentra en vías de retomar su actividad normal a través del desempeño de sus autoridades naturales. El objetivo a corto plazo es garantizar el normal funcionamiento de sus servicios de salud y administratvos (merece resaltar el hecho que las autoridades repuestas normalizaron de manera inmediata lo adeudado por la intervención en materia de haberes para con el personal de la institución, liquidando el 100% del presente més, junto con 25% pendiente del anterior ).
Así entonces, habrá quedado fulminado este primer intento de atropello en la vida de las Obras Sociales, a manos de oscuros grupos de poder que impulsaría el dirigente Luis Barrionuevo, -que como el zorro bajo la piel de un cordero – se disfrazan de oficialistas con cualquier gobierno de turno, para entrometerse indebidamente en las Instituciones construidas sobre la base del esfuerzo y la contribución de los trabajadores.
Queda demostrada así, la validez de algunos dichos de las últimas horas:
“…hay funcionarios que no funcionan…”
La justicia dejó sin efecto la intervención de la obra social del gremio de seguridad privada
FUENTE: AGENCIA TÉLAM
28/10/2020 16:40 SEGURIDAD PRIVADA-JUSTICIA
Categoría: Gremiales// Redacción: Central
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2 hizo lugar al reclamo de la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) y dejó sin efecto la intervención de la obra social sindical, que había determinado el Ministerio de Salud a través de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Un comunicado gremial informó hoy que “la justicia dejó sin efecto la intervención de la obra social de la UPSRA”, que conduce Ángel García.La intervención había sido ejecutada por la cartera de Salud a través de una resolución de Eugenio Zanarini, Superintendente de Servicios de Salud.
García celebró “el triunfo en la justicia” y sostuvo que la SSS “no podía involucrarse en la vida interna de una entidad independiente con argumentos poco sólidos y solo para responder a intereses políticos”.
“El fallo evidenció que la autoridad de aplicación incumplió los procedimientos internos. La resolución judicial advirtió que la SSS se habría excedido en sus facultades al designar a un administrador provisorio, a quien asignó poderes y funciones propias de un interventor, lo que puede decidir de forma exclusiva el Poder Ejecutivo y no un organismo descentralizado”, afirmó.
La justicia dispuso la suspensión de los efectos de la Resolución RES-2020-1097-APN-SSS-MS hasta que el Poder Ejecutivo determine -si lo considera pertinente- la intervención de la obra social en virtud de la sugerencia efectuada por la SSS y, en consecuencia, ordenó que el administrador designado “se abstenga de realizar acto alguno vinculado a esa designación”, añadió.
La UPSRA había sido intervenida en 2016 por la gestión macrista y, en diciembre de 2019, recuperó su conducción a partir de constantes “avances legales”. La Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (OSPSIP) tiene 48 mil afiliados directos y un total de casi 100 mil beneficiarios, concluyó el dirigente en el documento de prensa.
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